La gobernabilidad, consecuencia del equilibrio económico y la justicia social: Martí Batres

CDMX a 17 de Octubre de 2018.- El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dijo que es necesario reconocer que la gobernabilidad es consecuencia del equilibrio económico y de la justicia social. La paz y la tranquilidad, asentó, son anhelos de una sociedad que ansía más armonía con igualdad y menos conflicto y carencias.

Al término de la comparecencia del secretario de Gobernación ante el Pleno, Batres Guadarrama manifestó que el Senado de la República ratifica su compromiso con la gobernabilidad democrática que señala la Ley, basada en la división de Poderes, el Federalismo, las libertades, el pluralismo, el diálogo y en la aprobación de legislaciones que procuren la recuperación del bienestar social de la amplia mayoría de la población.

Advirtió que al hablar sobre esta materia en México, irremediablemente se habla de violencia e inseguridad y que las cifras de estos indicadores en los últimos años son impresionantes. Desde esa óptica, afirmó, “nuestra gobernabilidad parece vivir en un filo crítico permanentemente”.

Martí Batres acotó que con gran esfuerzo, una pluralidad de actores sociales y políticos contribuyen a mantener la estabilidad institucional del país.

En ese sentido, señaló que “No se puede dejar de reconocer que la difícil gobernabilidad del país se vio fortalecida recientemente por el respeto al voto ciudadano, el pasado 1 de julio, por parte del Presidente de la República y los órganos electorales.

Como se ha dicho, realizamos como país, una doble alternancia de partido y de proyecto inimaginable hace algunos años y lo hemos hecho en paz y con tranquilidad”, asentó.

El presidente del Senado de la República también advirtió que la polarización social y la debilidad del tejido productivo son campo fértil para la violencia y la crispación.

Preguntas y respuestas

Con temas como la crisis de derechos humanos, desapariciones, desplazados,  corrupción, migrantes, violencia e inseguridad, senadoras y senadores cuestionaron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, al comparecer ante el Pleno.

El senador Cristóbal Arias Solís, del Grupo Parlamentario de Morena, advirtió que la alta tasa de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas de personas, secuestros, extorsiones, violación a los derechos humanos, de impunidad y corrupción en los cuerpos policiales, pone en evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad y procuración de justicia en México.

Expresó que como parte de esta herencia que se deja al próximo gobierno, están los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, las masacres de Apatzingán y Tanhuato, así como los riesgos no sólo a la seguridad pública, sino a la seguridad nacional por las actividades de la delincuencia organizada.

En su turno, la senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN, expuso que en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció el reto de garantizar los derechos humanos, pero reportes de la Comisión respectiva indican que aún existen muchos retos para el gobierno en esa materia.

Insistió que el escenario de violencia que se vive en el país es muy grave, sobre todo para los periodistas y que el ejercicio de la libertad de expresión sigue siendo un enorme riesgo. Así  cuestionó al funcionario: ¿Qué acciones ha realizado para la defensa de los derechos de periodistas?  ¿Cuáles son las acciones que se han implementado para la defensa de los migrantes tanto nacionales como centroamericanos?

Desde tribuna, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, señaló que este año termina un gobierno que ha impulsado la conciliación y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de cambios más allá del aspecto electoral, porque desde un principio entendió que no serían logros de un partido político, sino de un gobierno para beneficio del país.

Afirmó que la concreción de las reformas estructurales permitió el mejoramiento de la educación, del sector energético y de la producción nacional, y a partir de ahí se trabajó con todos, desde campesinos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil; por lo cual, nadie puede negar los avances alcanzados con base en el diálogo y la coordinación con los gobiernos locales.

La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, por su parte, indicó que no es ningún secreto que el Estado mexicano atraviesa por una crisis de seguridad pública y derechos humanos, que es imposible negar, porque la política de la negación bajo la cual se han conducido las últimas administraciones, sólo ha intensificado este problema y las posibilidades de solucionarlo.

La senadora del PT cuestionó los motivos por los cuales las acciones realizadas durante este sexenio para disminuir los índices de violencia y la incidencia delictiva no fueron efectivas, “en vista de los más de 60 mil millones de pesos anuales que fueron asignados a la Secretaría y a la gran estructura operativa con la que cuenta”.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis Martínez, advirtió que México tiene un sistema de justicia ineficaz que  perpetua la impunidad, así como un sistema de atención a víctimas insuficiente, que niega la verdad a millones de mexicanos y mexicanas.

A qué obedece que el gobierno federal le diera continuidad a una estrategia que no ha permitido alcanzar la paz mínima y por qué decidió renunciar a su responsabilidad de fortalecer y mejorar las policías y las instituciones civiles de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, cuando esta es la tarea más importante que tenía en sus manos, cuestionó la legisladora.

El senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del PRD, subrayó que cada seis años, estas comparecencias son un ritual de desencanto y decepción, porque los resultados del Gobierno no son lo que se prometió. Preguntó: ¿Cómo llegamos a este momento donde México no tiene paz, seguridad y que no es difícil encontrar temas para posicionar en la Glosa del Informe?

El gran déficit es el tema de la seguridad, destacó, al reconocer que los más de 37 mil desaparecidos no son sólo de este gobierno, sí fueron electos para encontrar solución al problema. En 2018 hubo 24 mil 206 homicidios en el país y 554 feminicidios con alto grado de violencia dijo, y solicitó revisar las solicitudes de alerta de género en diversas entidades de la República.  Luego,  pidió un minuto de silencio para exigir justicia y por el clamor de familiares de las víctimas.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del PVEM, expresó su preocupación por que en los últimos dos años del Gobierno, la política de prevención fuera relegada -al parecer- por el gobierno que prometió impulsarla. Interrogó qué sucedió con ese presupuesto y con la propia política;  fue un fracaso de la dependencia.

Con o sin la Secretaría de Seguridad Pública, con la coordinación del mando único o no, la voluntad es lo único que llevará al éxito, subrayó. Una política integral –agregó- debe considerar la prevención, enfocarse en hacer frente a violencia y delincuencia; debe  erradicar las causas que las provocan y los factores que pudieran favorecerlas y den pie a la delincuencia. Además, la política debe priorizar la reconstrucción del tejido social y la generación de oportunidades laborales y de desarrollo para los jóvenes.

Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la conducta imperante de este gobierno fue la de aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales, mientras que los involucrados en casos de corrupción no enfrentaron las consecuencias políticas y legales de sus actos, mencionó la senadora Eunice Renata Romo Molina.

Indicó que la actual administración ha entorpecido el avance en la investigación de uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en América Latina: el caso Odebrecht. Su responsabilidad por omisión ha ocasionado muchas heridas en el país, expresó.

El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que el actual gobierno entrega un país en emergencia nacional y con una estela de violaciones gravísimas a los derechos humanos, como la tardía y artificiosa respuesta en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, más de 37 mil personas desaparecidas, cientos de torturados, cientos de miles de desplazados internos, más de 200 mil ejecutados y un sinnúmero de cuerpos sin identificar en los servicios forenses, tráilers y fosas clandestinas.

Señaló que esta administración protegió al sistema de corrupción, en el cual se presume el involucramiento del Presidente de la República, en los casos de Grupo Higa, casa blanca, Odebrecht, OHL, el socavón y la estafa maestra. Pidió al funcionario reconocer la emergencia nacional y la crisis humanitaria que dejan. Además preguntó, entre otros temas, “qué esperan para detener a César Duarte”.

En sus respuestas, Alfonso Navarrete Prida negó que exista una crisis nacional; “desde el Gobierno de la República no se puede reconocer, afirmar, o si quiera, suponer que existe una crisis nacional. Tenemos un país con problemas, con muchísimos problemas con retos formidables hacía adelante.

Pensar o suponer que se está en crisis, es menospreciar el esfuerzo de organizaciones civiles, de instituciones, de cientos de corporaciones, del sistema de salud, del sistema educativo, de protección civil, que le han costado transversalmente al país y lustros de esfuerzo. Desde luego, aceptó, hay retos formidables que se tienen que analizar críticamente y “reconocer qué es lo que no está funcionado o qué pudo haber sucedido o qué puede cambiarse”.

Respecto de la impunidad dijo que mientras no se resuelva este tema con claridad, independencia y  certeza hacia la gente, no puede haber seguridad, “ni mucho menos pensar que se resuelven temas como la corrupción, parte de la naturaleza humana”. Si “no hay sanción es una provocación a la repetición de acciones”, agregó.

Sobre el mecanismo de protección a periodistas, informó que este año se han destinado 200 millones de pesos, monto que fue insuficiente, por lo que se tendrá que reabrir este fideicomiso, en esta semana, en Hacienda. “No está en riesgo la continuidad de los recursos”, aseguró.

Mencionó que desde el inicio de operaciones del mecanismo, en octubre de 2012 al 31 de agosto de 2018, 900 personas se han incorporado al mismo, de las cuales 542 son defensoras de derechos humanos y 448 periodistas. De ahí, precisó, se han otorgado 365 medidas de protección y 2 mil 995 acciones de coordinación.

Sobre el caso César Duarte, indicó que de las 15 órdenes de aprehensión solicitada,  para su extradición, 10 son del fuero común y fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua.

Aclaró que los delitos por los que se ha acusado al ex gobernador son considerados como no graves por la propia ley, es decir, “si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal, lo podría enfrentar en libertad”.

También –explicó– la tramitación a la que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado norteamericano. Esta pasa por un principio de equivalencia “de qué tipo de delito es, y sobre eso, la calificación se hace y se sigue el procedimiento. No es una detención inmediata, con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia del estado de origen, es un delito no grave que le corresponde al Departamento de Estado procesarlo”.

Respecto de la estrategia de seguridad, comentó que la misma no es fallida, tiene que ver con la   indefinición de una política nacional que no ha quedado clara en décadas: ¿Cuál es el modelo de policía que debe tener los niveles municipal y estatal? Se ha discutido esto en el Congreso por más de 8 años, sin que pueda haber una definición como tal, subrayó.

Reveló que el 25 por ciento de los municipios de México no tienen policía,  no tienen armas o sus elementos no han sido evaluados, además de que los salarios son “muy pequeños”, lo que da una idea de la complejidad del problema.

Navarrete Prida mencionó que 50 por ciento de los homicidios violentos ocurren en 2 por ciento de los municipios del país.

En otro tema, dijo que en el sistema alternativo de justicia se han invertido 82 mil millones de pesos, “y el sistema arroja enormes retos”, como la puerta giratoria, debido al catálogo de delitos que hace que una persona que porta armas salga rápidamente.

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